La Sala Constitucional suspende cautelarmente toda una Ordenanza de ISAE que designaba a la banca como agente de retención en los pagos por punto de venta, y mantiene por ultractividad la ordenanza anterior: la materia financiera y monetaria está reservada al Poder Nacional

El Banco Provincial demandó la nulidad por inconstitucionalidad de varios artículos de la Ordenanza de Licencia e Impuesto sobre Actividades Económicas del Municipio Maracaibo publicada en diciembre de 2018, pidiendo conjuntamente la suspensión cautelar de sus efectos. El núcleo de la impugnación era una práctica que el recurrente advertía extendida en otros municipios del país —allí por vía de decretos de alcaldes, aquí directamente por ordenanza—: designar a la banca, pública y privada, como agente de retención del ISAE cuando el pago de la operación gravada se concreta mediante puntos de venta ubicados en la jurisdicción municipal.

Los argumentos combinaban lo constitucional con lo operativo. Sostuvo el banco que el Concejo Municipal no midió el impacto financiero de la medida ni su viabilidad práctica: explicó el funcionamiento real del sistema de puntos de venta para mostrar la enorme dificultad de determinar, sobre todo con terminales inalámbricos, en qué lugar concreto se llevó a cabo la actividad comercial gravada. A ello sumó la invasión de la competencia exclusiva del Poder Nacional en materia financiera, fiscal y de políticas macroeconómicas; la violación de la reserva legal en materia sancionatoria al adoptar el Petro como unidad de cuenta; el exceso de las sanciones frente al artículo 163.4 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal; y la alteración de la base imponible del ISAE contra el artículo 210 de esa misma ley.

La Sala se declaró competente conforme al artículo 336.2 constitucional, admitió el recurso y —lo relevante para la práctica— acordó la medida cautelar. Al examinar el fumus boni iuris consideró que, sin adelantar opinión sobre el fondo, podría existir disconformidad entre la ordenanza y la Constitución, por tratarse de una materia de potestad tributaria que involucra principios de coordinación en el ejercicio de las competencias para legislar en materia financiera, fiscal y monetaria. En cuanto al periculum in mora, advirtió un doble gravamen irreparable: para todos los contribuyentes del ISAE del municipio, que se verían obligados a adelantar un impuesto mayor al debido, y para los bancos designados retenedores, que deberían desarrollar plataforma tecnológica y quedarían expuestos a responsabilidad solidaria por las obligaciones tributarias derivadas.

Tras ponderar los intereses en conflicto —incluida la salvaguarda del servicio público bancario y la recaudación municipal— la Sala suspendió los efectos de la ordenanza de 2018 en su integridad y dispuso que se mantuviera en plena aplicación, por ultractividad, la ordenanza anterior de 2016, hasta que se decida la causa principal. Instó, por último, a conformar una mesa técnica entre la Alcaldía y los contribuyentes para analizar acuerdos y diferencias sobre la normativa impugnada, e informar de sus resultas.

La decisión interesa por dos razones que exceden el caso de Maracaibo. La primera es sustantiva: confirma que la designación de la banca como agente de retención del ISAE por operaciones de punto de venta no es una cuestión de mera técnica recaudatoria municipal, sino que roza la reserva nacional en materia financiera —un argumento aprovechable allí donde otros municipios han intentado lo mismo—. La segunda es técnica-cautelar: muestra que la suspensión de una ordenanza tributaria completa es posible cuando el recurrente logra articular el perjuicio no solo sobre sí mismo sino sobre el universo de contribuyentes afectados, y que la Sala resuelve el vacío normativo mediante la ultractividad de la norma derogada, evitando que la suspensión deje al municipio sin instrumento de recaudación. Conviene leerla junto a las decisiones sobre armonización tributaria municipal ya incorporadas a este repertorio, con las que comparte la preocupación de fondo por los límites del poder tributario local.